M.R./LAS PROVINCIAS José Císcar afirmó no una, sino varias ocasiones, que el Consell «nunca» se ha planteado vender el Valencia. Lo hizo en su primera valoración del auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que devuelve el caso del aval a la Fundación a su estadío inicial antes de la sentencia de la jueza Alabau.

«Nosotros no somos propietarios del Valencia. No es una empresa pública, pero nadie se ha planteado, ni se planteará, su venta», afirmó ayer el vicepresidente del Consell cuando se le interrogó insistentemente al respecto. La comparecencia se produjo por la mañana, minutos después de que el TSJ comunicara el auto sobre el aval del IVF, organismo dependiente de la Generalitat, a la Fundación del club. Císcar realizó esa declaración tras afirmar que no quería pronunciarse sobre el auto al admitir que todavía no había podido leerlo.

Eso sí, el vicepresidente insistió en que el Consell no baraja la venta del club, argumentando que no es una empresa pública de la Generalitat. «Nunca se lo ha planteado. Primero, porque no es su propietario y, segundo, porque aunque lo fuese, no sé si lo vendería», indicó Císcar, quien también negó de forma categórica que este planteamiento puede contemplarse en el futuro: «Nunca se ha planteado y nunca se lo planteará, que quede perfectamente claro, y ni estaba en ninguna hoja de ruta».

Dentro de estas declaraciones queda implícito otro de los puntos clave del argumentario de Císcar: que a Generalitat no pretende ser propietaria del Valencia ni de otro club de fútbol. Otra cosa bien diferente es la condición de avalista, algo que el Consell empezó a asumir nada más conocer la naturaleza del auto hecho público ayer.

Desde que la juez Alabau declarase nula la garantía al préstamo del máximo accionista del Valencia, Císcar siempre se ha pronunciado en términos de que el Gobierno autonómico no iba a aceptar de nuevo su condición de avalista hasta que se lo indicase un magistrado. Tras analizar el auto que vuelve a implicar al Consell en el laberinto accionarial del club, este organismo emitió un comunicado en el que indicó que iniciará «con carácter inmediato» contactos con la Fundación y con Bankia para buscar un acuerdo que beneficie a las tres partes.

Concretamente, en el escrito del Consell se hablaba de un cumplimiento del dictamen judicial que «haga compatibles los intereses y derechos de la entidad prestadora (Bankia), de la Fundación, del propio Valencia y de la administración, que son los del conjunto de ciudadanos de la Comunitat».

La Generalitat señaló en su escrito que acata el dictamen del TSJ, al tiempo que aclaró: «Le dará cumplimiento, como es lógico en todas las resoluciones judiciales». José Císcar se pronunció en idénticos términos por la mañana, antes de haber leído el auto hecho público casi mientras el comparecía: «El Gobierno valenciano siempre ha acatado las decisiones judiciales y ha actuado en consonancia».

Císcar quiso evitar comparaciones entre la situación del Valencia y RTVV: «En su momento el Gobierno tomó una decisión en 2009 que nos vincula, y hay una resolución judicial que dice que lo tenemos que cumplir. Hoy no daríamos avales al Valencia, pero es una situación sobre la que no podemos disponer». Al respecto, el portavoz adjunto de EU en Les Corts, Lluís Torró, indicó: «Esta sentencia nos indica que parece que está más blindado la financiación pública de una entidad privada como es el Valencia que la de un servicio público esencial».